Congelamiento administrativo de fondos: el nuevo paradigma de la UIF y el impacto en su patrimonio

En el dinámico entorno del Derecho Penal Económico en Argentina, las reglas del juego cambian con rapidez. Una de las preocupaciones más latentes para directores de empresas, inversores y profesionales obligados es la capacidad de intervención estatal sobre los activos privados sin la intermediación previa de un juez.

La reciente normativa y las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF) plantean un interrogante crítico para la seguridad jurídica: ¿Pueden congelar sus fondos y activos de manera inmediata y sin aviso previo?

Esta medida, conocida como congelamiento administrativo, no es una hipótesis lejana; es una herramienta vigente diseñada para actuar con celeridad ante sospechas de lavado de activos o financiación del terrorismo. Sin embargo, su aplicación puede tener consecuencias devastadoras para la operatividad financiera y la reputación, mucho antes de que exista una condena o incluso una imputación formal.

Comprender el alcance de estas facultades y, fundamentalmente, conocer la estrategia de defensa adecuada ante una medida de esta naturaleza, es imperativo para resguardar su libertad y su patrimonio.

Como parte de mi análisis continuo sobre la coyuntura penal y regulatoria, he publicado un artículo en LinkedIn sobre:

• El marco legal que habilita estas medidas excepcionales.
• La tensión entre la prevención del delito y las garantías constitucionales.
• La perspectiva estratégica que debe adoptar la defensa ante un bloqueo de fondos.

Lo invito a leer el análisis completo para comprender la dimensión real de este riesgo.

👉 Haga clic aquí para leer el artículo completo en LinkedIn: "¿Pueden congelar sus fondos sin avisarle? La nueva resolución de la UIF que obliga a bancos y exchanges a actuar en 24 horas"

Urgencias penales: por qué la estrategia de las primeras 24 horas define el futuro de su libertad

 

El momento de una detención o un allanamiento es, por definición, una situación de shock traumático. La presión psicológica, el miedo y la confusión nublan el juicio incluso de las personas más racionales. En ese instante crítico, el instinto natural es querer "explicar" o "colaborar" para resolver el malentendido. Como abogado penalista, mi consejo es terminante: no lo haga. Las primeras 24 horas de un proceso penal son el terreno donde se cometen los errores más graves e irreversibles. Lo que usted diga -o deje de decir- en ese primer día puede sellar su destino procesal por años.

El derecho a guardar silencio: su primera herramienta de defensa. Existe el mito de que "el que calla, otorga". En el derecho penal, esto es falso. Negarse a declarar en la indagatoria no es una presunción de culpa; es una garantía constitucional y, a menudo, la decisión táctica más inteligente. Declarar sin conocer la totalidad de la prueba en su contra (el expediente completo) es ir a la guerra sin mapa.

Mi intervención inmediata tiene un objetivo prioritario: poner un escudo entre usted y el poder punitivo del Estado. Garantizo que se respete su derecho a no autoincriminarse y evito que la ansiedad lo lleve a realizar manifestaciones "espontáneas" que luego serán usadas por la fiscalía en su contra.

La declaración indagatoria: el primer acto de la defensa. La indagatoria no es un trámite administrativo; es el acto fundamental donde se le imputa un delito. Es su primera oportunidad para defenderse, pero eso no significa que deba usarla de inmediato.

En estas horas cruciales, mi labor consiste en analizar la legalidad de la detención, verificar las actas de procedimiento (donde suelen existir nulidades por errores policiales) y decidir si es conveniente declarar o esperar. Una estrategia de defensa sólida se construye con frialdad y análisis, no con improvisación.

Acceso directo al estratega. En una urgencia penal, no hay tiempo para burocracia ni intermediarios. A diferencia de las grandes estructuras donde su caso podría ser delegado a un asociado junior, mi compromiso es el acceso directo. Cuando la libertad está en juego, usted necesita al abogado titular tomando las decisiones en el lugar de los hechos, gestionando la excarcelación y conteniendo a la familia con información veraz y precisa.

Si usted o un familiar enfrentan un procedimiento penal en curso, cada minuto cuenta. No deje su libertad librada al azar o a la defensa pública por defecto.

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Ante una detención, allanamiento o citación urgente, contáctenos de inmediato. Asumimos la defensa técnica desde el minuto cero para proteger sus derechos y diseñar la estrategia de excarcelación.

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Por qué la investigación periodística es la mejor aliada de la defensa penal

 

En el imaginario popular, el abogado penalista es alguien que conoce códigos y discute leyes. Sin embargo, en la práctica de los tribunales, los casos no se ganan solo con jurisprudencia; se ganan con hechos. Tras 30 años de ejercicio en el periodismo de investigación y la abogacía, he desarrollado un enfoque que fusiona ambas disciplinas. No me limito a leer el expediente que arma la fiscalía; investigo la realidad que hay detrás de él. Esa es la esencia del método que utilizo.

Encontrar la "aguja en el pajar". La fiscalía construye su acusación basándose en una selección de pruebas orientada a demostrar la culpabilidad. Un defensor tradicional suele trabajar reactivamente sobre ese material. Mi enfoque, forjado en décadas de investigación periodística, es proactivo.

Analizo la prueba documental, los registros telefónicos y los testimonios con el ojo clínico de quien busca la inconsistencia, el dato oculto, el patrón que rompe la lógica de la acusación. En el periodismo de investigación, un detalle menor puede voltear una noticia de tapa; en el derecho penal, ese mismo detalle -una fecha errónea, una contradicción en un relato, un documento fuera de contexto- puede ser la llave de una absolución.

El arte de la entrevista y la reconstrucción de los hechos. Saber preguntar es una de las habilidades más difíciles de dominar. Durante mi carrera en los medios, he entrevistado a presidentes, empresarios y figuras clave en momentos de crisis, aprendiendo a detectar cuándo una fuente miente, oculta o manipula.

Aplico esta misma técnica al entrevistar a los testigos de la causa y, fundamentalmente, al preparar a mi propio cliente. No se trata de "armar un guión", sino de reconstruir la verdad histórica de los hechos de manera sólida, anticipando las preguntas hostiles de la contraparte. Una defensa creíble se construye sobre una narrativa coherente, y nadie entiende mejor la construcción de narrativas que un periodista investigador.

La estrategia integral: más allá del tribunal. Finalmente, el método que uso parte de la convicción de que el cliente no es un "expediente", sino una persona cuya vida está siendo escrutada. La estrategia legal debe contemplar el impacto humano y reputacional del proceso. Al combinar el rigor técnico del derecho penal con la visión estratégica de la comunicación, ofrezco una defensa que protege no solo su libertad, sino su integridad ante la sociedad.

No enfrente una acusación penal con una defensa estándar. Su caso merece ser investigado con profundidad, defendido con estrategia y comunicado con inteligencia.

Su caso requiere más que leyes; requiere investigación.

Si busca un defensor que vaya más allá de lo evidente y luche por su verdad, lo invito a conocer nuestro enfoque de trabajo.

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Estafas virtuales y phishing: guía de acción inmediata para proteger la prueba y el posible recupero del dinero

 

En el delito informático, el tiempo no es oro; es la diferencia entre recuperar su patrimonio o perderlo para siempre. Si usted ha sido víctima de una estafa bancaria, phishing, o una maniobra de ingeniería social en plataformas como Mercado Pago o Home Banking, la sensación de vulnerabilidad es abrumadora. Sin embargo, la parálisis es su peor enemigo. La denuncia policial estándar suele ser insuficiente si no va acompañada de una estrategia inmediata de preservación de evidencia digital y medidas cautelares financieras.

Más allá de la captura de pantalla: la evidencia digital. El error más común de las víctimas es creer que una captura de pantalla es prueba suficiente. Desde el punto de vista jurídico-técnico, una imagen es fácilmente alterable y puede ser impugnada en un proceso penal.

Como abogado penalista especializado en ciberdelitos, mi intervención se centra en asegurar la cadena de custodia de la prueba. Esto implica certificar los correos electrónicos, preservar los metadatos de las comunicaciones y rastrear las direcciones IP involucradas antes de que los delincuentes borren su rastro digital. Sin esta solidez probatoria, la investigación fiscal nace muerta.

La responsabilidad de las entidades financieras. Las estafas virtuales no ocurren en el vacío; ocurren dentro de sistemas informáticos que tienen la obligación legal de ser seguros. En muchos casos, el fraude es posible porque fallaron los mecanismos de seguridad y alerta temprana del banco o la billetera virtual.

Nuestra estrategia de defensa no se limita a perseguir a los ciberdelincuentes (que a menudo operan desde el anonimato o el extranjero); también analizamos la responsabilidad objetiva de la entidad financiera. En el marco de la Ley de Defensa del Consumidor y la normativa del BCRA, litigamos para demostrar que el banco incumplió su deber de seguridad, abriendo una vía para el reclamo de restitución de fondos.

La denuncia penal estratégica. No basta con ir a la comisaría. La denuncia debe ser presentada directamente ante las fiscalías especializadas en cibercrimen, con un escrito técnico que solicite medidas urgentes: el bloqueo de las cuentas destino, el levantamiento del secreto bancario y el congelamiento de activos. Estas medidas deben solicitarse en las primeras horas. Un abogado penalista proactivo no espera a que el fiscal actúe; impulsa la investigación desde el minuto cero.

No deje su caso en manos de la burocracia. Si su dinero desapareció, necesita una respuesta profesional inmediata para intentar frenar el drenaje de fondos y constituir la prueba.

El tiempo corre en su contra.

Si fue víctima de una estafa virtual en las últimas 48 horas, contáctenos inmediatamente. Activar los protocolos legales correctos ahora es su mejor oportunidad de recuperación.

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La doble batalla: por qué ganar en el expediente no sirve si pierde su reputación

 

En la era de la hipercomunicación, la justicia penal opera en dos tribunales simultáneos: el Palacio de Justicia y la opinión pública. Para una figura pública, un directivo de empresa o un profesional de alto perfil, una acusación penal conlleva un riesgo que va más allá de la condena judicial: la "pena de banquillo". A menudo, el veredicto social llega mucho antes que la sentencia del juez. Entender y gestionar esta dinámica no es una opción; es un requisito de supervivencia.

El juicio paralelo y la presunción de culpabilidad. Nuestro sistema legal garantiza la presunción de inocencia, pero el sistema mediático y las redes sociales suelen operar bajo la presunción de culpabilidad. Una filtración malintencionada, una foto fuera de contexto o un titular tendencioso pueden destruir en horas una reputación construida durante décadas.

El error estratégico más común es el silencio absoluto o, peor aún, la improvisación ante los micrófonos. Creer que "la verdad saldrá a la luz sola" es una ingenuidad peligrosa. En los casos de alta complejidad y exposición, el vacío de información siempre lo llenan la acusación o las especulaciones.

Un enfoque unificado: Estrategia Legal + Estrategia Mediática. Como abogado penalista con más de tres décadas de experiencia en el periodismo de investigación, aplico un método único en Argentina: la defensa integral. No separo lo jurídico de lo comunicacional; lo integro en una sola "teoría del caso".

Mi función es asegurar que cada escrito judicial, cada prueba presentada y cada declaración pública estén alineadas. El objetivo es doble: lograr la absolución en el tribunal y, simultáneamente, proteger su nombre en la esfera pública. Esto implica saber cuándo hablar, cuándo callar, y cómo traducir la complejidad técnica de su inocencia en un mensaje claro y persuasivo que la sociedad pueda entender.

El rol del Vocero de Crisis. En situaciones críticas, el imputado no debe exponerse innecesariamente. El estrés y la falta de entrenamiento pueden llevar a errores fatales ante una cámara. Mi rol incluye actuar como vocero técnico y estratégico, blindando al cliente de la exposición directa mientras se controla la narrativa. Hablo el idioma de los jueces, pero también el de los periodistas, garantizando que su versión de los hechos sea escuchada con rigor y respeto.

No permita que una crisis legal se convierta en una catástrofe reputacional. La defensa de su honor requiere la misma precisión estratégica que la defensa de su libertad.

¿Su caso tiene potencial mediático?

Si usted o su empresa enfrentan una situación que podría trascender a la prensa, necesita una estrategia que blinde su imagen pública desde el primer minuto.

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Régimen Penal Tributario: la delgada línea entre una deuda fiscal y un delito complejo

 

En el mundo empresarial, una inspección de la AFIP suele verse como un dolor de cabeza administrativo o financiero. Sin embargo, existe un punto de inflexión invisible donde la discusión deja de ser sobre números y pasa a ser sobre su libertad. Comprender la diferencia técnica entre una simple omisión de pago y la figura delictiva de la evasión es vital para cualquier directivo o empresario. Cuando se cruza esa línea, la estrategia contable ya no es suficiente: se requiere una defensa penal de élite.

No es lo mismo "deber" que "evadir". El error más común es creer que el delito tributario se configura solo por la falta de pago. La realidad jurídica es más compleja. Para que la justicia penal intervenga, no basta con la existencia de una deuda; debe existir lo que en derecho llamamos "ardid o engaño".

Aquí es donde mi experiencia en investigación y análisis de prueba se vuelve crítica. La fiscalía intentará probar que usted construyó una maniobra deliberada para ocultar su verdadera capacidad contributiva (uso de facturas apócrifas, testaferros, subfacturación). Nuestra labor defensiva consiste en desmantelar esa narrativa, demostrando, cuando corresponde, que la discrepancia fiscal obedece a interpretaciones normativas o errores, y no a una voluntad criminal.

Los montos y el peligro de la "evasión agravada". La Ley Penal Tributaria establece montos objetivos de punibilidad que actúan como umbrales. Superados estos montos, la AFIP está obligada a realizar la denuncia penal. Pero el verdadero riesgo para el empresario radica en la figura de la evasión agravada.

Si se le imputa el uso de facturas falsas o testaferros para evadir montos significativos, las penas de prisión pueden ser de cumplimiento efectivo y, en muchos casos, no excarcelables durante el proceso. En este escenario, el patrimonio pasa a un segundo plano y la prioridad absoluta se convierte en evitar la prisión preventiva.

El rol del abogado penalista: ¿cuándo intervenir?. Muchos empresarios llaman a su abogado penalista recién cuando llega la citación a indagatoria. Ese es un error estratégico grave. La defensa más eficaz comienza durante la inspección administrativa.

Trabajando en conjunto con sus asesores contables, mi rol en esa etapa temprana es asegurar que las respuestas dadas al fisco no se conviertan en una confesión involuntaria de un delito penal. La estrategia legal debe blindar al contribuyente antes de que se formule la denuncia penal.

Un expediente penal tributario es una carrera contra el tiempo y contra la acumulación de intereses y sanciones. Si su empresa está bajo fiscalización, no asuma que es "solo un tema de contadores".

Proteja su libertad y su patrimonio.

Si ha recibido una notificación de inicio de inspección o una determinación de oficio que le preocupa, contáctenos antes de responder. Una Consulta Estratégica a tiempo puede ser la diferencia entre una multa y una causa penal.

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Directores bajo la lupa: por qué la normativa de la UIF redefine su riesgo penal personal

La reforma de la ley 27.739 y la resolución 48/2024 de la UIF no son simples actualizaciones burocráticas; representan un cambio de paradigma en la persecución penal económica en Argentina. Para el director de empresa, el gerente general o el oficial de cumplimiento, el mensaje del legislador es claro: la ignorancia ya no es una estrategia de defensa viable, y la responsabilidad por omitir controles puede tener consecuencias penales directas sobre su patrimonio y su libertad.

El fin de la "ceguera voluntaria". Históricamente, muchos directivos confiaban en que delegar las funciones de control financiero los eximía de responsabilidad. El nuevo marco normativo derriba esa presunción. Hoy, la Justicia Federal y la Unidad de Información Financiera ponen el foco en el "beneficiario final" y en la cadena de mando real. Si su empresa es utilizada para maniobras de lavado de activos —incluso por terceros o empleados infieles— y usted no implementó los controles debidos, usted puede ser considerado partícipe necesario o autor por omisión.

Cuando el riesgo corporativo se vuelve personal. El punto crítico que muchos ejecutivos subestiman es que la responsabilidad penal es intransferible. La empresa puede enfrentar multas o la suspensión de actividades (responsabilidad de la persona jurídica), pero son las personas físicas quienes enfrentan los procesos penales. Una imputación por lavado de activos conlleva no solo el riesgo de penas de prisión efectiva, sino también embargos preventivos inmediatos y un daño reputacional que puede acabar con una carrera profesional en cuestión de días.

El compliance como escudo penal. Frente a este escenario, un Programa de Integridad o Compliance robusto deja de ser un "trámite administrativo" para convertirse en su principal activo de defensa. Ante un juez, demostrar que la empresa contaba con protocolos de prevención serios, actualizados y auditados es la diferencia entre ser considerado un cómplice o una víctima de la maniobra delictiva.

Sin embargo, no sirve cualquier manual copiado de internet. La defensa eficaz requiere un diseño de compliance "a medida", alineado con los riesgos reales de su operación y validado por una mirada penalista experta, no solo administrativa.

No espere a recibir un requerimiento de la UIF o una notificación judicial para revisar sus protocolos. La prevención estratégica es la inversión más rentable para su seguridad jurídica.

¿Su directorio está protegido?

Si tiene dudas sobre la exposición penal de su empresa o su responsabilidad personal ante el nuevo marco normativo, solicite una Auditoría de Riesgos Penales.

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