A través de la Resolución 2867/2026, el máximo tribunal aprobó una matriz obligatoria de doble control para los pedidos de arresto domiciliario por enfermedad. El documento admite que ningún penal federal cuenta con capacidad de atención de alta complejidad y exige un formulario técnico sobre la capacidad real de atención en cada unidad.
Durante años, los pedidos de prisión domiciliaria por razones de salud en los tribunales federales transitaron por un laberinto burocrático donde el diagnóstico médico chocaba contra una pared de respuestas estandarizadas. Frente a una patología grave, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) solía contestar con oficios de rutina sobre la existencia formal de hospitales internos o circuitos de derivación, y muchos expedientes terminaban resolviéndose con pericias clínicas aisladas de la realidad material de la cárcel.
Mediante la Resolución 2867/2026, publicada este martes 16 de noviembre en el Boletín Oficial en cumplimiento de la Acordada 21/2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó el protocolo elaborado por el Cuerpo Médico Forense (CMF) para evaluar el estado de salud de los internos mayores de 18 años -procesados o condenados- alojados bajo la órbita del SPF y determinar si su tratamiento puede cumplirse intramuros.
El nuevo instrumento reglamenta el examen pericial exigido por los artículos 10 del Código Penal y 32 de la Ley 24.660 (aplicables también a procesados en virtud del artículo 210 del Código Procesal Penal Federal) y reemplaza la evaluación médica en abstracto por un método cruzado de doble eje:
- Eje 1 (el paciente): un examen clínico integral que abarca medicina clínica, odontología y salud mental, con pronóstico evolutivo y una definición objetiva del "período terminal", fijado en una expectativa clínica de fallecimiento dentro de un lapso aproximado de seis meses.
Eje 2 (la cárcel real): un formulario estandarizado obligatorio que deben completar las autoridades del SPF sobre recursos humanos, aparatología, medicación disponible y accesibilidad efectiva en el establecimiento concreto donde está alojado el detenido.
El texto aprobado por la Corte Suprema reconoce expresamente que ninguna unidad del Servicio Penitenciario Federal cuenta con prestaciones de alta complejidad -tales como terapia intensiva, cirugía, unidad coronaria o hemodiálisis-, las que únicamente pueden cubrirse mediante derivación a hospitales extramuros.
A partir del cruce entre la historia clínica y la capacidad operativa declarada por el penal, los peritos médicos -tanto del Cuerpo Médico Forense como aquellos designados por los tribunales federales del interior o por las partes- deberán encuadrar cada caso en una de cinco categorías taxativas:
Categoría A: el tratamiento es realizable en la unidad de alojamiento actual.
Categoría B: es realizable bajo condiciones específicas y dentro de un plazo determinado de reevaluación.
Categoría C: no es realizable en esa unidad, por lo que se sugiere internación, traslado a otro establecimiento o refuerzo del circuito extramuros.
Categoría D: el tratamiento no es realizable en el ámbito penitenciario.
Categoría E: la verificación resulta insuficiente por falta de estudios o por omisiones en la información remitida.
Para el litigante en Comodoro Py y en los tribunales federales de todo el país, esta clasificación modifica el eje de la prueba. En adelante, si el SPF omite completar el formulario estandarizado o entrega datos incompletos, el caso no podrá cerrarse con un rechazo automático: quedará encuadrado en la Categoría E, obligando al juez a intimar a la autoridad penitenciaria para que aporte la información faltante.
Del mismo modo, la Categoría B crea una herramienta de control concreto. Si un tribunal deniega la domiciliaria sujeto a que la cárcel cumpla con determinadas prestaciones -como una dieta específica, kinesiología o entrega regular de fármacos- dentro del plazo fijado por el perito, el incumplimiento de ese cronograma habilita a replantear de inmediato la morigeración por agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención.
El médico no sustituye al juez, quien conserva el deber de analizar si existen riesgos procesales
El protocolo aclara con precisión técnica que las categorías periciales son orientativas y "no constituyen recomendaciones sobre la procedencia de la detención domiciliaria, decisión privativa del órgano jurisdiccional". El médico no sustituye al juez, quien conserva el deber de analizar si existen riesgos procesales -peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación- y si estos pueden neutralizarse mediante medidas alternativas, como la vigilancia electrónica.
Sin embargo, el margen para las decisiones infundadas se estrecha de manera drástica. En el sistema procesal vigente, cualquier resolución que rechace una prisión domiciliaria frente a un dictamen médico ubicado en la Categoría D, o que resuelva el incidente sin haber exigido previamente el formulario penitenciario del Eje 2, quedará expuesta a la nulidad por falta de fundamentación (artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación) y a la tacha de sentencia arbitraria ante la Cámara Federal de Casación Penal y la propia Corte Suprema.
El documento prevé además una revisión obligatoria a los seis meses de su entrada en vigencia y una actualización anual para acompañar la evolución de la infraestructura carcelaria.
Con esta resolución, el máximo tribunal fijó una regla de transparencia probatoria difícil de esquivar: antes de decidir si una persona enferma puede seguir presa en una cárcel federal, el Estado deberá acreditar, con firma y formulario oficial, que tiene los medios reales para cuidarla sin poner en riesgo su vida.
Esta publicación es un breve artículo informativo, no pretende ser un análisis exhaustivo ni brindar asesoramiento legal.







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