Con los votos de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia la Cámara Federal de Apelaciones ordenó que se siga investigando una denuncia por el presunto cobro fraudulento de 12 indemnizaciones a familiares del grupo guerrillero Montoneros. El fiscal federal Federico Delgado había solicitado la desestimación de la denuncia y frente a la falta de impulso de la fiscalía el juez federal Ariel Lijo -no existiendo otra opción y sin poder continuar de oficio- cerró la causa sin entrar en el análisis de los hechos denunciados.
Contra esta resolución la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia interpuso recurso de apelación y solicitó ser tenido por parte querellante. La Cámara antes de pronunciarse sobre la apelación devolvió la causa al juzgado de Lijo para que se expida sobre la petición de Justicia y Concordia de ser querellante. El 14 de abril el juez federal Ariel Lijo hizo lugar a la solicitud y elevó el expediente al tribunal de alzada para que resuelva la apelación planteada contra la desestimación de la denuncia.
En atención a que Lijo había aceptado como querellante a la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Cámara Federal -por mayoría- consideró que la opinión del fiscal Delgado no impide al juez de instrucción disponer la investigación de los hechos denunciados. Por tal motivo, los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia revocaron la desestimación de la denuncia postulada por el fiscal federal Delgado y devolvieron la causa al juzgado de Lijo para que el juez, dando intervención a la querella, resuelva si corresponde darle curso a la investigación.
La denuncia fue hecha por el periodista José D’Angelo en noviembre de 2019 contra funcionarios y ex funcionarios por el otorgamiento de 12 indemnizaciones presuntamente en forma fraudulenta a familiares de supuestas víctimas del terrorismo de Estado pero que -según la presentación- no lo eran. Después de cotejar documentos y testimonios de la época, D’Angelo denunció que ninguno de los expedientes que había revisado responde a las causales comprendidas en la llamada “ley reparatoria” ni en sus ampliaciones ni en su reglamentación ni en las posteriores resoluciones. En el escrito presentado ante la Justicia se señala que de comprobarse esta circunstancia serían responsables del fraude ocasionado al Estado los causahabientes, quienes los hubieren asesorado o intervenido a sabiendas de la falsedad para la tramitación y cobro de las indemnizaciones, y los funcionarios públicos que aprobaron los pagos sabiendo que no correspondían, o sin haber realizado las diligencias necesarias mínimas para corroborar la procedencia del beneficio.
En la denuncia se relata que la docena de trámites relevados constituirían casos falsos de víctimas de "Desaparición Forzada" y "Ejecución Sumaria" o "Asesinato", en legajos formados en la ex Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Entre los casos denunciados existen personas que vivieron hasta 2016, murieron en accidentes de caza, manipulando explosivos, muertos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o ejecutados por las organizaciones armadas a las que pertenecían.
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