El espacio ciudadano apartidario, Acción Conjunta Republicana, presentó una denuncia penal contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la ministra de Salud, Carla Vizzotti y su antecesor en el cargo, Ginés González García y pidió que se investigue si en el proceso de negociación para la adquisición de vacunas contra el COVID-19 la Casa Rosada privilegió al laboratorio del empresario Hugo Sigman por sobre otros oferentes. El denunciante solicita a la Justicia que determine si se cometió el delito de malversación de caudales públicos e incumpliento de los deberes de funcionario público.
La presentación judicial se funda en el hecho de que el Ministerio de Salud admitió haber desembolsado más de 53 millones de dólares sin que al momento hubiera recibido ni una sola de las 22.400.000 dosis de la vacuna comprometidas.
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| Ginés González García, Carla Vizzotti y Alberto Fernández |
El denunciante pide que se investiguen las negociaciones que derivaron en la decisión de privilegiar a un proveedor (el laboratorio MaBxcience, del grupo Insud) por sobre otros oferentes. “El vínculo del gobierno con Sigman ha sido motivo de polémica casi desde el inicio de la pandemia. El entonces ministro Ginés González García habría atado toda su estrategia a la vacuna que produce quien sería su amigo, dejando de lado otras negociaciones que podrían haber facilitado las cosas. Recién cuando la vacuna de AstraZeneca tuvo problemas en los ensayos, el gobierno salió de urgencia a negociar con Rusia y China”, señala la denuncia y solicita que la Justicia investigue esos hechos y la relación del empresario con los funcionarios de la administración Fernández.
“Las negociaciones con el laboratorio Pfizer fueron delegadas por el ex ministro González García en Sonia Tarragona, una funcionaria que antes había trabajado para Hugo Sigman, vinculado a su vez a AstraZeneca. Es decir, un competidor directo, lo cual podría implicar una violación a la ley de Ética en la función pública. Tarragona fue directora general de la Fundación Mundo Sano, que dirige Silvia Gold, la esposa de Sigman y cofundadora del Grupo Insud”, señala el texto.
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| Imagen de torstensimon en Pixabay |
“Esta negociación se habría encontrado con la voracidad empresarial de Sigman, que con su ascendencia sobre el presidente y el ministro de Salud consiguió que lo consideraran como el ‘Plan A’”, relata la denuncia y prosigue: “Eso le permitiría al país ‘tener prioridad a la hora de acceder’ a las dosis, estimó, disponibles durante el primer semestre de 2021, siendo ambas declaraciones desestimadas por la propia realidad.”
“Las declaraciones podrían ser inocuas, si no fuera porque, aunque al momento de la denuncia sigue sin haber llegado ni una sola dosis de la vacuna que se produce en Argentina y México, el gobierno de Alberto Fernández ya le pagó a AstraZeneca y Hugo Sigman el 60 por ciento del contrato por 22,4 millones de vacunas, lo que supone un desembolso de alrededor de 54.000.000 de dólares norteamericanos”, señala y concluye: “Todo este desmanejo incomprensible ha puesto la salud y la economía de todos los argentinos en jaque.”
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