Piden que se investiguen pagos de indemnizaciones a familiares de guerrilleros

El 25 de septiembre de 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) emboscó y asaltó un camión de caudales en el centro de la ciudad de Córdoba con el objetivo de llevarse los valores que se transportaban en el vehículo. En ese momento, se produjo un tiroteo entre los guerrilleros y los custodios del blindado a los que se sumaron efectivos de la policía provincial. Como consecuencia de la balacera murieron una guerrillera, dos custodios y un policía resultó herido. La mujer abatida, miembro del ERP, fue identificada como Nora Lía Marquardt cuyo nombre de guerra era “Sargento Clara”. 25 años después de aquel hecho, los familiares de Nora Marquardt -gracias a una de las llamadas “leyes de reparatorias”cobraron más de USD 171 mil en concepto de indemnización como víctima del terrorismo de Estado. Además el nombre de la militante del ERP abatida durante el asalto al blindado figura en el Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires.

Este y otros 12 casos similares en los que se pagaron indemnizaciones a herederos de guerrilleros de manera presuntamente ilegal figuran en una denuncia que presentó el periodista José Luis D’Angelo este miércoles ante la justicia federal. En el escrito se exponen de forma detallada las maniobras que, invocando las “leyes reparatorias”, habrían permitido defraudar al Estado en cifras millonarias. Tras el sorteo la causa recayó en el juzgado a cargo del juez federal Ariel Lijo.

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