Penal Política

Cómo funcionaba un “narco-juzgado” en Salta

La Cámara Federal de Salta confirmó el procesamiento con prisión preventiva del suspendido juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso acusado de liderar una organización que recibía dádivas para favorecer a imputados en causas por narcotráfico.
La prisión preventiva no se hará efectiva porque Reynoso goza de inmunidad de arresto por ser juez federal.
El tribunal confirmó también el procesamiento de otras 7 personas que
formarían parte de la organización delictiva aunque sin prisión preventiva. Es decir, están todos libres.
“Esta Cámara considera que en la investigación se acreditaron los planes
ilícitos que tenía la asociación, todos los cuales, y hasta donde se pudo dilucidar, había efectivizado en los nueve ‘delitos fines’ o hechos”, señalaron los jueces en base al análisis de las conductas de los acusados en 9 causas de narcotráfico.
Los camaristas afirmaron que se encuentra acreditado que “cada uno de
los siete integrantes del clan llevó a cabo un comportamiento directo” para el funcionamiento de la asociación ilícita.
Además señalaron que “Raúl Juan Reynoso organizó y lideró, desde el
Juzgado Federal que tenía a cargo, una empresa criminal que tenía por objetivo la obtención ilegal de dinero o cualquier otra dádiva para dictar a cambio resoluciones favorables a las personas que se encontraban sometidas a investigación en su tribunal”.

Cómo operaba la organización
Según la investigación, el juez Reynoso cuando seleccionó el personal de su juzgado designó a varias personas con quienes tenía estrechos vínculos de amistad.

“Les exigían un monto de dinero que normalmente oscilaba en alrededor de $ 500.000 a cambio de dejarlos en libertad.”

Estos empleados junto a un grupo de cuatro abogados, con los que también tenía una relación de mucha confianza, seleccionaban y captaban los casos en los que podían obtener algún rédito económico. Una vez elegidas las causas, se ponían en contacto con los detenidos o sus familiares y les exigían un monto de dinero que normalmente oscilaba en alrededor de $ 500.000 a cambio de dejarlos en libertad.

Esta modalidad implicaba más de una vez “deslizar” algún error en los
fallos que -en caso de ser advertido- el juez se lo atribuía a la “descomunal
carga de trabajo”. De acuerdo con lo indicado en la causa esta pantalla defensiva fue utilizada por Reynoso en forma sistemática.
La organización funcionaba con dos aristas bien definidas:
● Externa: estaba constituida por los cuatro abogados cuya tarea era básicamente captar al “cliente-víctima” (que era o un detenido o familiares de un imputado cuya causa tramitaba en el juzgado a cargo de Reynoso). Le comunicaban el monto exigido, la modalidad de pago y demás condiciones, para contactarse con el juez, quien una vez asegurado el cobro del dinero o la dádiva dictaba una resolución favorable. Según se acreditó con los dichos de testigos la
mayoría de los encuentros se realizaban en el despacho del magistrado.
● Interna: según la instrucción, estaba constituida por el jefe de la organización, el juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso. El magistrado había ideado un sistema de trabajo en donde los temas
en los que había una posibilidad de solicitar dinero o una dádiva eran tramitados por un empleado del juzgado, Miguel Saavedra, desplazando a los secretarios del juzgado en el análisis de esos casos. Había un doble circuito en el trámite de las investigaciones penales. Uno para los casos “normales” que estaban en manos de los secretarios y otro marginal al que se le imprimía más velocidad y un criterio jurídico distinto al momento de resolver.
Estaba tan “aceitado” el mecanismo que los escritos de los casos que llegaban a través de los abogados que formaban parte de la organización, una vez imgresados al juzgado eran separados del resto por el propio juez quien los
depositaba sobre su computadora para resolverlos rápidamente.
La actuación de este grupo ilegal era “vox populi” en Orán y entre la población carcelaria de la región. A tal punto llegó la “fama” que pudo
demostrarse que personas ajenas a la organización se hicieron pasar por allegados a Reynoso y le pidieron dinero a familiares de detenidos para
mejorar su situación.
Para asegurarse el resultado, en los trámites de excarcelación el juez no le
requería opinión a la fiscalía de Orán, y una vez que se hacía efectiva la libertad del detenido demoraba las notificaciones al fiscal por varias semanas o meses. De esta forma evitaba que la fiscalía se opusiera a la libertad del detenido y frustrara la maniobra del grupo.
Lo mismo ocurría cuando se apelaban las resoluciones de Reynoso: el juzgado retardaba la remisión del expediente a la Cámara.
Otra modalidad para ejecutar sus ilícitos era directamente omitir pruebas o constancias de cargo que pudieran impedir resolver a favor del imputado que ya había pagado al grupo para obtener su libertad.
Los camaristas resaltaron que era tal la “efectividad” de los abogados del grupo de Reynoso que “llegó incluso a impresionar al defensor oficial de
Orán” quien recordó como sus pedidos eran rechazados una y otra vez mientras que las solicitudes de los letrados al juez siempre obtenían respuesta favorable.
En una ocasión, uno de los abogados de la organización logró el sobreseimiento de su defendido, Pablo Vera, quien estaba imputado por el transporte de 966 kilos de clorhidrato de cocaína. El fallo favorable coincide temporalmente con la entrega de una finca de 700 hectáreas que pertenecía a Vera. El inmueble -Finca El Mollinedo- fue transferido luego
a la hermana del ordenanza del juzgado de Reynoso.
El juzgado federal de Orán tiene competencia sobre un territorio que incluye 700 kilómetros de frontera con Bolivia, en una de las zonas más “calientes” del país por la actividad del narcotráfico.

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Acerca de Fabio Ferrer

Soy abogado egresado de la Universidad del Museo Social Argentino. Posgrado en Derecho Procesal Penal. Locutor Nacional egresado del ISER. Experiencia en radio y TV como conductor, redactor y productor. Periodista en Infobae y Cadena 3.

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